QUIEN NO RESPETA LA LEY, NO PUEDE SER PRESIDENTE NI DE UNA JUNTA DE CONDOMINIO

La Legalidad o Primacía de la Ley, es un principio fundamental conforme al cual, todo poder público debería estar sometido a la voluntad de la Ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. Por esta razón es que se dice que el Principio de la Legalidad establece la seguridad jurídica. El principio de la Legalidad es la regla de oro del Derecho Público, es de esta idea que surge el concepto de “Estado de Derecho”, que no es otro que el Estado en el que el poder tiene su fundamento en las normas jurídicas.

El Principio de la Legalidad no solo debe ser respetado por el Estado y su representación jurídica – El Gobierno – sino también por todos las personas tanto del llamado derecho público como del privado, es si se quiere, un “contrato social” en el que todos los sectores de una sociedad convienen respetar unas reglas de juego que regulen la vida pública, entendiendo como vida pública a todas las actividades que hace el ser humano en colectivo.

El que no entienda este principio, no puede ser dirigente de nada

En el caso de la situación en la que se encuentra la FVB, este principio no sólo ha sido violado constantemente desde el año 2005 (hasta donde hemos podido revisar), sino que también ha existido una particularidad que creemos no se ha visto en ninguna parte: quienes lo han hecho han sido personas naturales y no como comúnmente sucede (y se cree o se pretende hacer creer), que es sólo los funcionarios del gobierno los que violan este principio.

Primero tenemos el aspecto relacionado con las rendiciones de cuenta, aspecto en el que los administradores de la FVB durante el lapso 2005-2013 han hecho prácticamente lo que le ha dado la gana, con el cuento que la Federación es una Asociación Civil y que por tanto el Estado Venezolano a través del Gobierno no puede auditarla ni controlarla.

Quienes plantean este “argumento” y los que lo repiten sin detenerse a analizar su lógica o base de razonamiento, cometen un “errorcito”: la FVB ha dependido en gran parte de los recursos del Estado para existir, sin contar que el resto de sus recursos son aportes de donaciones o patrocinio de parte de personas jurídicas de carácter privado, que por el hecho de ser privado, no significa que no tengan derecho a conocer con claridad y en la oportunidad requerida, en que se empleó su donación o patrocinio.

En segundo lugar tenemos el irrespeto a las normas internas y a los organismos internos encargados de velar de que se cumplan los objetivos y regulaciones de la organización, pero no conforme ahora tampoco respetan las decisiones de los organismos jurisdiccionales de alzada, como lo son los Tribunales de primera instancia (a donde acudió el señor Zerpa), y la Corte en lo Contencioso Administrativo, tribunal de segunda instancia que ratifico la decisión del órgano disciplinario interno (El Consejo de Honor).

Pero al irrespeto a la Ley de UN individuo que, como la decisión del Consejo de Honor, de un Tribunal de Primera Instancia y de una Corte Contencioso Administrativo no le satisfizo SUS INTERESES PERSONALES se alza irresponsablemente contra éstos órganos jurisdiccionales, debemos también agregarle el irrespeto tácito de las Asociaciones y Ligas afiliadas a la FVB, organizaciones que creyendo que al mantener un silencio institucional sobre esta situación irregular, se están librando del bacalao en el que se ha convertido el señor Zerpa. Por último y tal vez el mas grave de todos, está el irrespeto que el señor Eduardo Álvarez Presidente del COV realiza, no de manera tácita, sino de la forma mas descarada y visible, sólo para poder satisfacer su ambición de mantenerse en la Presidencia del COV.

Lo lamentable de esta situación es que ocurre en las narices de todo el mundo, es decir, del Ministro del Deporte, de la Contraloría, Fiscalía, de los Diputados tanto chavistas como de la oposición, del Gobernador del Estado Anzoátegui, Estado de cuyo Instituto de Deportes es Presidente Eduardo Álvarez, quien para ñapa es militante del PSUV, de la COPABE y de la IBAF, de la Comisión de Apoyo Financiero, Técnico y Jurídico de la FVB y de los grandes medios de comunicación.

Por último y para terminar de poner la cómica, TODOS los sectores antes mencionados salen diciendo, cada quien en su ámbito respectivo, “que exigen el cumplimiento del Estado Derecho”, o que “En Venezuela no existe seguridad jurídica, por ello se están marchando las academias de los equipos de Grandes Ligas”, y otras cuentas frases trilladas, pretendiendo con ello que no nos demos cuenta que, no sólo el Gobierno no hace nada para evitar este irrespeto a las leyes, sino la mal llamada “sociedad civil” que tanto se queja de la “inseguridad jurídica” y que el sistema judicial está controlado por el gobierno, pero es la primera que cuando una decisión judicial NO LE CONVIENE, LE DA UNA PATADA A LA MESA Y PRETENDE DAR UN GOLPE DE ESTADO Y USURPAR EL CARGO DE REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, sea esta una Federación Deportiva, un Comité Olímpico, una Universidad y pare usted de contar.

Ya va siendo hora que en la FVB SE COMIENCE A RESPETAR LA LEY ORGANICA DEL DEPORTE, LAS DECISIONES DISCIPLINARIAS INTERNAS, LAS ADMINISTRATIVAS, LAS JUDICIALES Y LAS DE CONTROL FISCAL., si de verdad quieren tener una auténtica Federación Nacional de béisbol aficionado.